Los coches eléctricos llegan con fuerza, y poco a poco parece que marcas y gobiernos abogan por ir desterrando a los clásicos coches de diésel y gasolina. Sin embargo, parece que la cosa va más allá de acciones meramente restrictivas en la carretera y las ciudades, porque la formación Más Madrid-Equo ha propuesto en el Congreso de los Diputados una acción frontal contra estos vehículos.

Concretamente, la formación de Íñigo Errejón aboga por prohibir la publicidad en medios de comunicación, vallas publicitarias y publicaciones académicas de vehículos de combustión diésel y gasolina a partir de 2025, dando solo dos años adicionales al patrocinio deportivo o de eventos culturales, entre otros.

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Llega lo eléctrico, desde todos los frentes

Con un panorama electrificado aún por perfilar en España, la Unión Europea tiene sobre la mesa la prohibición de la venta de vehículos de combustión interna a partir de 2035, lo que ha empujado a multitud de fabricantes a preparar su apuesta eléctrica en los próximos años, como pueda ser el caso extremo de Toyota y Lexus.

Hay que tener en cuenta, además, que la industria del automóvil cuenta con siete marcas entre los mayores 20 anunciantes del país, y que la eliminación de este tipo de publicidad aumentaría, según la formación política, la sensibilización de la sociedad al respecto de la tecnología y elementos contaminantes en los automóviles.

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En España, los indicadores de penetración del vehículo eléctrico aumentaron hasta los 41,3 puntos en 2021, aunque la media europea está más allá del doble, así como el crecimiento exponencial sufrido en países como Reino Unido, Francia o Alemania.

En total, solo un 7% de las matriculaciones del año anterior se correspondieron con vehículos eléctricos, y uno de los principales problemas esgrimidos a tal respecto es la escasez de puntos de carga, con poco más de 12.000 en todo el territorio, siendo muchos de ellos de carga lenta.

En definitiva, la apuesta por lo eléctrico en España avanza, pero a un ritmo dudosamente sostenible en términos de infraestructura y ayudas, representando los cargadores patrios solo un 3,3% de todos los que hay en la Unión Europea.