Parece que acaba de empezar otro episodio del culebrón Uber y Cabify vs el sector del taxi... O viceversa. El campo de batalla en esta ocasión va a ser Barcelona, ya que el Gobierno de Ada Colau quiere controlar la proliferación de este tipo de licencias que aparentemente no se ajusta a lo que dice la ley.

El nuevo reglamento va a entrar en vigor en julio y va a exigir a todos los propietarios de licencia VTC una autorización extra del AMB (Área Metropolitana de Barcelona), un organismo que preside la propia Colau, para que puedan circular. Según aseguran, debería haver una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi, pero la realidad es bien distinta, especialmente en ciudades grandes como la propia Barcelona o Madrid. 

Esta iniciativa, que ha sido aprobada con votos de Barcelona en Comú, PSC, PDeCAT, ERC y la CUP, va a traer cola, ya que cuando se aplique se van a tener que sacar de las calles bastantes vehículos que ya están trabajando. Dice el Ayuntamiento de Barcelona que hay 10.500 licencias de taxi, lo que significa que debería haber unas 350 de VTC.

Costará puestos de trabajo

La realidad es que esa cifra se supera con creces. Según un comunicado que han lanzado Cabify y Uber conjuntamente, se van a perder 1.300 puestos de trabajo. Estas empresas VTC han puesto un ejemplo claro: es como si alguien "decidiese que el número de farmacias en Barcelona es excesivo y que deben reducirse a la mitad. La gente que ha comprado su licencia, el local, ha invertido en reformas y pagado sus permisos y impuestos, lo perdería todo".

La dificultad ahora es ver cómo se reduce el número de licencias, algo que tiene que hacer el Instituto Metropolitano del Taxi (IMT). En todo caso, si alguien sigue operando sin la licencia otorgada por la AMB, se podría enfrentar a una sanción económica de 4.000 euros.

Según el comunicado, quieren echar de Barcelona a las VTC y acusan a Ada Colau de plegarse a las exigencias de las facciones más radicales del sector del taxi. Veremos en qué queda esto...