¿Cuántas veces habrás oído decir, o tú mismo has dicho aquello de "la burocracia en este país va muy lenta"? Pues te ponemos otro ejemplo más de que así está siendo con los puntos de recarga de los vehículos eléctricos. Habrás podido ver muchos en diferentes lugares de tu ciudad y, o no funcionan, o están precintados. Pues échale la culpa a los trámites burocráticos.

Según publican nuestros compañeros de Autobild, y para ser más concretos, el numeroso papeleo que han de hacer los propietarios de centros comerciales, edificios residenciales, o no, o públicos es tan farragoso que por eso hay muchos puestos de recarga sin usar. 

El Gobierno publico a principios de año el Real Decreto de Puntos de Recarga, que obliga a las  gasolineras y edificios tanto residenciales como no residenciales a que tengan habilitados un número de cargadores que se fija en función del número de plazas de aparcamiento. 

Los edificios no residenciales privados con más de 20 plazas de parking deberán instalar al menos un cargador por cada plaza. Entran aquí los centros comerciales, supermercados, hoteles, restaurantes...

Los edificios propiedad de la Administración General del Estado también están obligados a instalar un punto de recarga cada 20 plazas o fracción cuando dicho aparcamiento disponga de hasta 500 lugares para aparcar.

El Ejecutivo se marcó como meta que este año hubiera en España más de 100.000 puntos de recarga para coches eléctricos, pero debido a las dificultades burocráticas no se va a completar y se quedará lejos de esa cifra. 

Como vieron los impedimentos que había para poder instalar los puntos de recarga, los portavoces de los centros comerciales reclamaron ante el Congreso una moratoria para la Ley de Recarga. Eso fue a finales del año pasado. Los números que manejan son de más de 860.000 plazas de aparcamiento asociadas a centros comerciales. 

Este hecho implica que antes del 1 de enero deberían haber sumado al menos 16.000 cargadores a la red nacional. Evidentemente, esta premisa no se ha cumplido y es probable que no se cumpla en todo 2023. 

“El plazo establecido por el Gobierno, 1 de enero de 2023, resulta técnica y materialmente imposible de cumplir”, argumentó entonces Ángel Del Monte, presidente de APRESCO (asociación de propietarios de espacios comerciales).

Y aquí es donde viene el quid de la cuestión burocrática: "Existen importantes cuellos de botella técnicos y administrativos que provocan que los plazos actuales para la instalación de los puntos de recarga exigidos sean de al menos 15 meses en el mejor de los escenarios y se eleven por encima de los 30 meses en muchos casos", evidenció Del Monte.

Ante la magnitud del problema, el Gobierno se ha apresurado en buscar una solución que permita agilizar los trámites necesarios para que un punto de recarga empiece a funcionar una vez haya sido instalado.

¿Cómo se pretende acelerar estas diligencias? En principio, eliminando la obligación de presentar una declaración de titularidad de la instalación principal y de acudir a un notario con contrato privado. De esta manera, se rebajaría el tiempo de espera que en la actualidad puede llegar a dos años según denuncian los operadores.