Los 27 estados miembros de la Unión Europea, con España en su presidencia, han pactado el retraso de la normativa Euro 7, que en un principio iba a entrar en vigor el 1 de julio de 2025, pero que se retrasará hasta el año 2027, según el acuerdo firmado por los ministros de Industria europeos. Así, logran rebajar las exigencias para la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos.

De la misma manera, se ha llegado a un acuerdo para retrasar la entrada en vigor de la Euro 7 para los vehículos industriales, que llegarán en 2029.

Este tratado ha incluido, además, nuevos límites de partículas para frenos y neumáticos en la evolución de una normativa comunitaria estrenada en 1992 para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos y la liberación de partículas contaminantes.

La UE responde así a las quejas que había manifestado la industria del automóvil desde hace meses y acomoda las ambiciones de la propuesta original del Ejecutivo comunitario en lo que respecta a emisiones, para dejar los límites que fijaba la normativa Euro 6 para turismos y furgonetas, aunque no será así con los vehículos pesados.

Esta decisión, para la que que los países deben decidir el texto definitivo con la Eurocámara una vez el Parlamento Europeo fije su mandato negociador (previsiblemente en noviembre), tiene como base la queja de estados como Rumanía y otros siete miembros, que rechazaron la Euro 7 al considerar que elevaba las ambiciones respecto a su precedente Euro 6.

Concretamente, el gobierno rumano junto con Francia, Italia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, esgrimieron que el endurecimiento de las condiciones, como elevar los límites de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, distanciaban y distraían a la industria de las inversiones necesarias.

Fue entonces cuando estos ocho estados pidieron que se ampliaran las fechas de aplicación establecidas en la propuesta legislativa, del 1 de julio de 2025 para vehículos y furgonetas y del 1 de julio de 2027 para vehículos pesados. Igualmente, criticaron que los requisitos establecidos para los vehículos pesados fueran muy ambiciosos y reclamaron dferenciar las categorías.

Otros Estados miembros, como Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo y Alemania manifestaron sentirse decepcionados con un texto que deja muy laxa la propuesta original.

"La presidencia española ha sido sensible a las diferentes demandas y solicitudes de los Estados miembros y creemos que, con esta propuesta, logramos un amplio apoyo, un equilibrio en los costes de inversión de las marcas fabricantes y mejoramos los beneficios ambientales derivados de la regulación", señaló el ministro de Industria, Héctor Gómez.

Un coste muy alto para la industria automotriz

El sector de la autmoción lleva mucho tiempo posicionándose en contra de la Euro 7 porque alegan que la reducción de emisiones con esta normativa tan solo sería de cuatro puntos porcentuales frente a la normativa actual. Esa cantidad, según apuntan, no mejoraría sustancialmente las emisiones ni la calidad del aire, pero elevaría los costes. 

Los diferentes fabricantes manejan datos sobre lo que costaría adaptarse a la nueva normativa entre 20.000 y 35.000 millones de euros. Además, los vehículos subirían más los precios llegando a encarecerse unos 2.000 euros más.