Prácticamente todas las marcas están en contra de aprobar la normativa Euro 7 de emisiones. Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra se ha sumado a las críticas de esta nueva ley que podría entrar en vigor en julio de 2025.

Si en Skoda o BMW vaticinan un "hundimiento general" del mercado y evidentemente, de las propias fábricas y del volumen de trabajo de las compañías, Griffiths ha añadido que "Si se aplica, significaría dejar de construir coches".

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Las posiciones de marcas y conglomerados como el Grupo Stellantis con Carlos Tavares al frente radica en que esta restricción de emisiones antes de la apuesta definitiva por los coches eléctricos en 2035 supondrá la eliminación de la mayor parte de los vehículos pequeños y de los motores de combustión actuales.

Esto empujaría a todos a invertir tiempo y recursos en ponerse al día con la Euro 7, lo que quitaría capacidad de adaptación y avance a la electrificación total prevista para dentro de una década. Esta normativa se aplicará primero a turismos y furgonetas y dos años más tarde a camiones y autobuses, con la gran problemática que puede suponer esto al sector transportes.

"Estaríamos en riesgo real de cerrar fábricar y perder miles de empleos", afirma Griffiths

Una declaración que ya se ha hecho desde Skoda, que apunta a cerrar como mínimo dos fábricas si la nueva normativa Euro "acaba" con los coches pequeños y pone difícil renovar sus unidades de potencia. Países como España o Italia, aún más en el punto de mira.

"Esto no es algo aceptable para nosotros ni para el resto de fabricantes", continuó el CEO de las marcas españolas. "Cupra estará totalmente electrificada en 2035, pero todavía habrá gente que necesite coches de combustión. Tendremos que ofrecer tanto eléctricos como coches ICE".

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"Creo que la tecnología de los híbridos enchufables también jugará un papel fundamental en la transición. En 2035 conseguiremos las cero emisiones en coches nuevos, pero te puedes imaginar que el parque automovilístico general no será igual en las calles".

Al final, serán los consumidores quiénes paguen la aplicación de la ley Euro 7 con coches que incrementarán su precio, según Griffiths, "entre 2.000 o 3.000 euros". Los coches más pequeños dejarán de ser asequibles (si es que aún lo son) para la mayor parte de las familias.

"Nosotros, como compañía de automóviles, y la industria en general, no estamos en contra de la Euro 7. Solo tenemos que poner la normativa en el mercado de una forma que no cause daños. Eso es todo lo que pedimos", concluyó el directivo.